México: ¿”Nuevo régimen” con hegemonía oligárquica secular?

        I.            La fecha de nacimiento del gobierno de la Cuarta Transformación (4T) no data de la insurrección “ciudadana” del 1 de julio de 2018, sino del período de la campaña electoral. La apariencia “anti-empresarial” de la 4T fue borrada en este período. De la mano de Carlos Urzúa y Alfonso Romo –portavoces del capital financiero, industrial, comercial– quienes subrayaban la postura de “centro-izquierda” del proyecto, el principal dirigente de la 4T (AMLO) autoproclamó en dicho periodo de campaña sus compromisos “a los inversionistas nacionales y extranjeros”, tales como: respeto a contratos y concesiones establecidas; aseguramiento del sistema financiero; independencia de Banco de México; disciplina fiscal; superávit primario; rechazo a la Reforma Hacendaria progresiva; respaldo al TLCAN.      
      II.            Reconociendo las Deudas (corruptas, ilegítimas) del “viejo régimen”, el “nuevo régimen” de la 4T aceptó sin cuestionamientos prácticos la hegemonía de la oligarquía financiera, la principal expoliadora del país. ¿Es posible un “nuevo régimen” con viejos acreedores y añejas obligaciones? ¿Puede hablarse de un nuevo régimen con hegemonía secular?
    III.            Con cargo en la reproducción de rezagos sociales y del histórico atropello de las necesidades colectivas y populares (educación, salud, etc.), el “gobierno de la austeridad” consolida el poder del capital financiero (con inéditas transferencias de 1 billón de pesos anuales equivalentes a 50 mil millones de dólares). Tras la supuesta premisa de “extirpar la corrupción” anidada en las “alturas” del aparato estatal, en su desmesura, la “austeridad” se ha hecho “República”, y observamos la  acentuación del adelgazamiento de la máquina estatal (una máxima neoliberal). Las  principales repercusiones de ello se han orientado contra los derechos laborales de los trabajadores de la función pública (administrativos, médicos, enfermeras, doctores, profesores, etc.). A ello hay que añadir que, en el país de la precariedad y de la informalidad laboral, la disciplina fiscal y el régimen de austeridad defendidos con firmeza por el gobierno de la 4T, mantienen y agravan el atraso, el deterioro y el subdesarrollado estado de los servicios públicos del Estado.
    IV.            La 4T desperdició la oportunidad de derrumbar (¡en unos cuantos días!) los principales nudos del patrón de acumulación y reproducción del capitalismo mexicano dependiente de la economía estadounidense, esto es, el TLCAN y el yugo financierista. No realizó ningún desafío al sistema financiero internacional a través de un arrojado Presupuesto Público Federal que tuviera como prioridad las necesidades sociales (educación, salud, ciencia y tecnología, etc.). No ofreció ninguna respuesta contundente a la amenaza-extorsión de Trump respecto a los “aranceles” al comercio de mercancías y por la defensa de los derechos de los trabajadores migrantes que impidiera la mayor crisis migratoria que día a día crece en el país.
      V.            Una forma política de régimen no se define por un carácter “honesto” o “corrupto”. En el remoto caso de que en el mundo del capital pudiera ocurrir un “gobierno honesto”, existe una gran distancia entre “eliminar” la corrupción mediante el ejercicio de un gobierno con este carácter y el establecimiento de una nueva forma política de régimen. En consecuencia, barrer a los “corruptos del pasado” –aun en el caso que así pueda serlo– no es suficiente para conformar un “nuevo régimen político”.
Un régimen político se explica a partir de las clases y fuerzas sociales que concentran y ejercen el poder político, así como las formas y medios por los que se construyen los procesos de acumulación, las relaciones de explotación y condiciones de dominación. En stricto sensu éstas fuerzas no se identifican inmediatamente con “los corruptos” (por ejemplo, los hasta ahora investigados o procesados en el país), sino sustancialmente con aquellas clases sociales o fracciones de éstas que detentan la capacidad de imponer sus intereses de clase y construyen la modalidad predominante –actualmente vigente–  de acumulación y reproducción del capital (banqueros, financieros, exportadores, importadores, manufactureros, propietarios del sector de telecomunicaciones, del sector turismo, etc.).
La construcción de un nuevo régimen político implica –entre otros elementos–  trastocar la capacidad política de las fuerzas de clase que detentan y ejercen el poder político (fuerzas hegemónicas). En consecuencia, significa poner en marcha la de-construcción de los intereses y políticas económicas que cimientan y conforman la modalidad de acumulación-reproducción del capital predominante impuesta por dichas fuerzas.
La noción acuñada de “mafia del poder” (AMLO) reduce el cuestionamiento del orden económico y político al funcionamiento corrupto y vertical del aparato estatal (y de sus actores) y sus vínculos con los agentes económicos, si bien es indicativa de la tradicional lumpenpolítica practicada en el seno del aparato estatal y grupos empresariales, en rigor resulta desorientadora. También deja de lado el papel del Estado y las relaciones de poder entre las clases sociales en el establecimiento e imposición de la forma dominante de acumulación del capital en el conjunto de la sociedad. 
En el límite, la narrativa “anticorrupción” de la 4T lleva a la apología del orden del capital y su modalidad de acumulación. Por medio del genuino discurso y política de “combate a la corrupción” como bandera de justicia social, AMLO hace de la “corrupción” el “principal problema del país”. Sin embargo, con aquél combate otorga legitimidad a un orden que paradójicamente fetichiza las contradicciones históricas de la sociedad: el modo de acumulación-concentración del capital, las transferencias de riqueza al exterior, la subordinación y dependencia del régimen económico-político y los antagonismos sociales y de clase. Para la 4T, la “solución” a ello se presenta con la simple fórmula de un “gobierno honesto”, con lo que se perpetúan dichas contradicciones reales.
    VI.            Bajo el lema de “separar el poder político del poder económico”, se pretende  neutralizar los privilegios y la capacidad política de la oligarquía predominante de imponer sus intereses, y reconstituir a la República sobre la forma de un “pluralismo” político-democrático sustentado en un “Estado de Derecho”. De este modo, se busca la ampliación de espacios para el conjunto de fuerzas u organismos económicos y sociales, así como el establecimiento de “nuevas” condiciones de competencia económica y política.
En este sentido, anteponer la “unidad nacional” y/o el “interés general” al estrecho círculo de una lumpenburguesía oligárquica corrupta (cuasi-monárquica y/o autárquica), supone elevar y aperturar al conjunto general de las clases propietarias a la dominación del capital sobre los explotados y/o desposeídos. Por tanto, la convocatoria a la “unidad nacional” de la 4T –que buena parte de la oligarquía rechaza con desprecio–, representaría una alianza entre “ricos y pobres”, “millonarios y hambrientos”, en condiciones estructurales e institucionales que favorecen permanentemente a los primeros, con lo que dicha “separación” –entre “poder político” y “poder económico”– termina por ser una apariencia, abiertamente manipulatoria.
No obstante, hasta ahora, la pretendida “unidad nacional” (pluriclasista, “sin privilegios”, “democrática”) ni por asomo se ha acercado a remover tanto las relaciones esenciales de la acumulación del capital como la composición de las relaciones de hegemonía en el seno de las fuerzas políticas (de clase) en México. Por lo que se recrea así una “reconciliación nacional” imaginaria, que se constituye bajo la permanente égida de las fuerzas hegemónicas (financieras, exportadoras, y fracciones de clase subordinadas al capital internacional predominantemente estadounidense).   
  VII.            La “abolición” del neoliberalismo sólo ocurre en la fantasía de la nueva fracción política “reinante” en el aparato estatal, en la imaginación del gobierno y en sus desveladas frases. Sus acciones dicen lo contrario: transferencias de riqueza al capital financiero, defensa de la liberalización comercial, austeridad, recorte del Estado, ningún aumento en gasto educativo, salud, caída de inversión productiva, etcétera.
VIII.            Las expresiones que sintetizan la apariencia “antineoliberal” de la 4T son el “desarrollo” y el “bienestar”. Orientadas a la construcción de un “nuevo pacto social”, y una de “política social” y de “bienestar”, son un evangelio incapaz de cuestionar al capital y sus relaciones de apropiación del patrimonio público, despojo (territorial y de la biodiversidad) y superexplotación del trabajo. Sin embargo, es fundamental resaltar que estas expresiones impactan en la conformación de un Estado despolitizador, el cual es impuesto sobre los explotados por el mundo del capital.  
La “redistribución del ingreso” (según AMLO) o “crecimiento inclusivo” (de acuerdo con el FMI), sin ninguna mudanza estructural, apenas levantan el derecho a una “asistencia pública” frágil, acrítica y subordinada al orden clasista de opresión, injusticia social y desigualdad prevaleciente.
    IX.            Con la postración de un Estado austero, en el límite de la crisis fiscal, la 4T estimula y acrecienta el reino de la llamada Iniciativa Privada (el gran capital) en la mayor parte de espacios y circuitos económicos de la esfera social al que el propio Estado (“sin recursos”) ha renunciado. Es el caso, por ejemplo, del sector de la Petroquímica o del “Plan de Infraestructura”, que eleva la participación de la IP (con el magnate Carlos Slim al frente) en la infraestructura social y hace retroceder la inversión pública y de “desarrollo” –por cierto, digámoslo fuerte– diseñada y organizada  por el empresario neoliberal Alfonso Romo.
La obstinada convocatoria y defensa del nuevo gobierno para recurrir a la inversión extranjera y nacional se explica por esta señalada retracción y renuncia de la participación del Estado como capitalista colectivo –aquí su límite desarrollista–. Lo anterior revela entonces la total ausencia de un programa de ruptura con el orden económico de la mundialización neoliberal y la construcción de una alternativa social real. Esto es así a pesar de las disputas y contradicciones existentes (política energética en Pemex, CFE, gasoductos, etc.) entre el gobierno de la 4T y las clases predominantes locales-extranjeras, quienes defienden sin tregua sus intereses de clase (certidumbre jurídica, el Estado de Derecho, la reforma laboral “competitiva, T-MEC, las instituciones supuestamente “autónomas”, los llamados farmouts, los amparos judiciales; la “flexibilidad” fiscal, etc.), y forman en la derecha una oposición  posesiva y destructiva.
      X.            El llamado decálogo de la “nueva política industrial” en absoluto intenta construir una nueva capacidad de organización y estructura industrial que supere la subordinación del aparato productivo a los nodos de una economía exportadora. Por el contrario, mantiene  el absoluto dominio trasnacional (división internacional del trabajo) y la estructura altamente importadora (en déficit estructural), de baja generación de valor en aquellos sectores de especialización productiva que lograron integrarse a las cadenas mundiales de valor –organizadas por las grandes corporaciones trasnacionales demandantes de las condiciones de superexplotación del trabajo de los países dependientes y periféricos—.
La dinámica de la política industrial y del mercado nacional reafirman y consolidan su supeditación a la demanda externa y al inestable (des) orden económico de la globalización neoliberal, muy próxima de una nueva recesión. Dicha supeditación es evidenciada con la enérgica persistencia de la brutal violencia que se vive bajo la no-correspondencia entre el salario y el costo de la vida y que se refleja en las disminuidas metas de la 4T de incrementar el salario mínimo “por lo menos dos puntos porcentuales” (AMLO) por encima de la inflación, y de lograr una recuperación del poder adquisitivo de “20 por ciento” en el periodo 2019-2024, además de su prácticamente nulo combate a la informalidad y precariedad del trabajo propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo.
    XI.            Por medio de un proceso de incorporación de la región del Sur-Sureste del país se pretende “superar” los graves problemas de concentración y desigualdad geográfica-territorial, económica y productiva, promovidos por la integración subordinada-segmentada a la economía estadounidense. Ello implica la construcción de nuevos polos productivos en la región (parques manufactureros-maquiladores, Zonas Económicas Especiales) orientados a proveer de bienes a la demanda de las cadenas globales de valor, mismas que contarán con una nueva plataforma de infraestructura (Corredor Transístmico) que daría un inmejorable impulso al mercantilismo capitalista global y a la dependencia exportadora de una economía de cuyas contradicciones le impiden conformar el crecimiento de un mercado interno de masas a razón de que ésta es sustentada en un mundo del trabajo centrado en relaciones de superexplotación.
Otro conjunto de megaproyectos (Tren maya, oleoductos, minería, carreteras, etc.) dominados por grandes capitales completarán esta nueva etapa de incorporación “tardía” de la región sur-sureste a las formas de acumulación de capital e integración subordinada al capital extranjero, para lo que se han venido activando políticas de contrainsurgencia, cooptación y desorganización de la lucha popular en las respectivas poblaciones y territorios. Sin embargo, todos estos proyectos en lugar de procurar romper la subordinación económica al mercado mundial, terminan por incrementarla.
  XII.            Contario a lo esperado, el gobierno de la Cuarta Transformación reactiva y continúa con las políticas de un Estado de excepción que ahora suponen promover la defensa de la “seguridad nacional” ante “amenazas potenciales” (“crimen organizado”, “sabotaje”, etc.). Despliega su mayor capacidad para coaccionar y desmovilizar la lucha social, e irónicamente, revela su impotencia y aguda incapacidad de poner fin a la violencia social y a la crisis de “seguridad pública”, argumento utilizado para imponer la militarización oficial del país. De este modo, la Guardia Nacional reedita la Ley de Seguridad Interior elaborada por el gobierno anterior como arma de criminalización y militarización de las luchas populares en defensa del medio ambiente, la biodiversidad, el territorio, y el conjunto de los derechos sociales y laborales que los intereses y Megaproyectos del gran capital nacional-internacional destruyen.
XIII.            La experiencia “progresista” que elude la lucha de clases en aras de una sentimental “fraternidad” abstracta, es un anacronismo histórico categórico. Han sido demostrados los límites de las recientes experiencias de “Nuestra América”, erguidas en las bases de un Reformismo menor, por lo que la historia muestra la necesidad ineludible de dar el salto cuántico hacia una política de cuestionamiento y ruptura con el orden prevaleciente. 
XIV.            El significado de la “gobernabilidad” defendida por el Ejecutivo reside en el fortalecimiento del vacilante sistema de dominación caracterizado por las condiciones de la crisis de la democracia y de representación que en buena parte llevó al “tsunami” electoral de julio de 2018.  Al no utilizar en su justa dimensión el llamado “bono democrático” del que hasta ahora dispone, la 4T abdica gratuitamente de la capacidad política para implementar reformas estructurales (económicas, políticas, culturales, mediáticas) en beneficio de los vilipendiados y desposeídos. El “nuevo régimen” reproduce el divorcio entre el poder ejecutivo, los centros de poder del aparato estatal y del sistema de decisiones de las clases trabajadoras y populares. Hoy más que nunca se vuelve mucho más efectiva aquella expresión que dice “todo lo que no es abolido, puede ser restaurado”.
  XV.            La actual política energética del Estado es el epicentro de la disputa entre la oligarquía dependiente y el capital extranjero (principalmente estadounidense) con la nueva clase reinante que controla el cuerpo institucional del aparato de Estado. Los más grandes capitales pugnan por la continuidad de la Reforma Energética, pues por medio de las “rondas petroleras”, licitaciones y contratos de exploración y explotación, liberalización del fracking, desmantelamiento de Pemex, etc., la renta petrolera era entregada a capitales locales y principalmente trasnacionales (bancos de inversión, bancos comerciales, petroleras trasnacionales, empresarios privados locales, etc.). De ahí el inflexible rechazo del gran capital al impulso de las refinerías del Estado, la defensa de la soberanía energética, el fortalecimiento de CFE, etc. 
La transferencia de recursos desde la Secretaría de Hacienda hacia Petróleos Mexicanos y su capitalización, desdibuja la sonrisa de los acreedores internacionales del Estado, pues ven “en riesgo” las transferencias públicas de riqueza (por el Costo Financiero de la Deuda y Superávit primario) a sus bancos, al tiempo que limita la participación del gran capital en la exploración y extracción de hidrocarburos. El gran capital exige ¡disciplina financiera y apertura energética para los privados! El poder financiero y sus agencias calificadoras amenazan con el “terrorismo económico”. A todas luces incomparable a la llamada “delincuencia organizada”, la amenaza catastrofista de los grandes “cárteles” del poder financiero internacional y grandes capitales asociados son entre otros: degradación en la calificación de deuda (de Pemex, deuda soberana), fuga de capitales, devaluación, inflación, empobrecimiento generalizado.
XVI.            El control del aparato de Estado es muy distinto de concentrar y ejercer el poder político del Estado. La 4T debe poner freno a su escalada de subordinación y rendición al orden de acumulación-reproducción del capital predominante, a riesgo de ser avasallada. Construyendo vínculos con los desposeídos bajo el marco del clientelismo electoral e implementando leves modificaciones a dicho orden, la 4T quedará muy lejos de una transformación histórica genuina, y mucho más próximo del periodo de una reforma menor, que administra el aparato estatal y desorganiza y posterga los intereses de los desposeídos y trabajadores.