Las irresponsabilidades heredadas de la deuda y los negocios de algunos funcionarios

7 de Maio de 2020, por Alejandro Olmos Gaona

 


Hace unos días el Presidente de la Nación emitió el DNU 391, donde se establecieron las pautas del ofrecimiento que se hará a los tenedores de bonos emitidos bajo legislación extranjera en los canjes del años 2005 y 2016, estos últimos para pagar a los denominados fondos buitres, ya que a Mauricio Macri, le interesó apenas asumiera la presidencia, arreglar rápidamente, pagando lo que le exigieran. Quiso tener las manos libres para comenzar un nuevo proceso de endeudamiento, como el que se llevó a cabo de manera irresponsable durante la mayor parte de su gobierno.

Argumentos y pretextos no faltaron, y fue  tan palpable el apuro de negociar con los buitres, que se llegó al extremo de que el entonces Secretario de Finanzas, Luis Caputo, escribió en una hoja de papel (posiblemente arrancada de alguna agenda) un reconocimiento de deuda a favor de EM Limited por 842 millones de dólares, o eventualmente 848 millones, ya que se pusieron las dos cifras en el documento, ante la inseguridad de cuál podía ser el monto exacto. De allí arranco un nuevo proceso de emisión de bonos, a tasa altas, con un Estado sin capacidad de repago, que comenzó a endeudarse hasta que en el año 2018, el sistema financiero dijo basta y fue necesario recurrir al FMI, que a pesar de darse cuenta de la precaria situación financiera, y de la imposibilidad de pagar cualquier crédito, prestó 57.500 millones, de los cuales se entregaron 44.500 haciendo crecer las obligaciones externas en una magnitud sin precedentes.

La deuda ha obligado al actual gobierno a ver de qué manera negocia con los acreedores externos, ante la grave situación que significa tener una deuda pública que excede los 324.000 millones de dólares, con obligaciones con el sector privado por 120.078 millones estando el 55% bajo legislación extranjera, con el riesgo que ello significa, habida cuenta de los antecedentes que tiene la Argentina, no solo respecto a los fallos en contra dictados por la justicia norteamericana, sino a procesos complicados que llevaron, hasta el embargo de la fragata libertad en el año 2012, y otros intentos anteriores para afectar bienes del Estado.

Existen aspectos no demasiado conocidos de los bonos que se emitieron, de algunas cláusulas peligrosas insertas en esos papeles y de algunos negocios en los que intervinieran los responsables de la conducción económica, muchos de ellos de la estrecha amistad del ex presidente Macri, que han sido materia de investigación penal,  de imputaciones que hiciera el  Ministerio Público Fiscal, pidiendo diversas indagatorias sin que hasta el día de hoy se haya tomado por parte de la justicia interviniente decisión alguna.

Aunque siempre me he tomado el trabajo de leer los farragosos anexos de los bonos que se emiten, viendo  clausulas, que muchas veces pusieron al Estado sin posibilidades de defenderse adecuadamente con el agravante del sometimiento a  la legislación extranjera y tratado como un vulgar comerciante que puede ser enjuiciado en cualquier parte, en algunos momentos se me escaparon algunos términos contractuales, que pueden  llegar a resultar peligrosos. 
Hace unos meses leyendo un texto sobre los bonos soberanos, escrito por un conocido profesor de la Universidad de Duke, el Dr. Mitu Gulati, a quien conocí hace uno años en Noruega, debido a una invitación del  Ministerio de Relaciones Exteriores, advertí algunos aspectos del conocido bono a 100 años, que emitiera el  26 de junio de 2017,ex ministro Caputo, a través de la resolución 97/E,  de la Secretaría de Finanzas, que podrían tener algunas consecuencias negativas, respecto de la restructuración que lleva adelante el ministro de Economía.

Antes de entrar en esos aspectos específicos, conviene señalar, como consideraba el gobierno de Macri la marcha del país en ese momento, ya que en el “inclosure”  (advertencia) del bono se puntualizaba: 1.- Que existe incertidumbre y riesgo sobre el futuro económico, debido a la inflación y a la volatilidad del sistema cambiario.2.- Puede haber menos crecimiento económico y reducción de las reservas del Banco Central.3.- Que puede haber reducción de la inversión extranjera, lo que privaría a la Argentina del capital necesario para el crecimiento económico.4.- Puede haber hostilidades internacionales e incertidumbre política respecto de las elecciones del 2017.

5.- Puede haber inestabilidad política, social y económica en el futuro 6.- El gobierno no puede garantizar los impactos causados por las medidas implementadas en el país.7.- El aumento del gasto público del gobierno puede tener un efecto adverso significativo y consecuencias negativas por largo tiempo en las perspectivas económicas de la Argentina.8.- El gobierno desconoce cuáles serán los resultados de las medidas implementadas en el sector energético y sus repercusiones.9.- La posibilidad de no   hacer frente adecuadamente a los riesgos reales del deterioro institucional puede afectar adversamente la economía y la situación financiera de la Argentina.

10.-Las fluctuaciones del peso pueden afectar adversamente la economía argentina y la capacidad de cumplir con las obligaciones del país.11.- No se puede garantizar que la Argentina pueda obtener financiamiento, lo que puede determinar que no se puedan pagar la deuda pública y los bonos.12. No se puede garantizar que la calificación crediticia de la Argentina mejorará.
A pesar de tal panorama nada prometedor Citigroup Global Markets, HSBC Securities,, Nomura Securities y Santander Investment Group, compraron de inmediato, el bono, habiendo sido uno de los inversores. Noctua, una empresa vinculada al  ex ministro Caputo, como lo acreditaron documentos emanados de la Securities Exchange Commission, cuya copia me facilitara la periodista Emilia Delfino, y que demostraban que el funcionario mentía al negar tal relación. 

Como la Argentina siempre termina pagando, ese bono se constituyó en un excelente negocio, aún ante una posible restructuración de la deuda, ya que tiene clausulas poco comunes y altamente perjudiciales para la Nación atento a dos cuestiones: 1.- Si bien ese bono no estaría comprendido entre los que se van a reestructurar tiene una cláusula de aceleración que determina el rescate del mismo ante una causal de incumplimiento de la deuda en general, debiendo pagarse íntegramente el capital, más todos los intereses devengados, y 2. Los acreedores podrían considerar  operativa la llamada cláusula Make Whole Clause que obligaría al gobierno  a pagar  el capital incluyendo todos los intereses hasta su vencimiento, llegándose a una suma que podría exceder los 14.000 millones de dólares. Al respecto ya hay en EE.UU. un juez que admitiera ese tipo de aceleraciones, ante casos de default, en la causa Cash America [v. Wilmington Savings. Como señalara el Dr. Gulati: “La cláusula es la disposición de Canje Opcional en el bono de $ 2.75 mil millones que emitió Argentina en junio de 2017, con el fuerte cupón de 7.125%. Las cláusulas opcionales de canje, en un análisis de más de 500 emisiones soberanas y cuasisoberanas recientes, son criaturas raras en este mercado. Menos del 20% de todos los emisores soberanos los usan”. 

También señala este profesor experto en deudas soberanas, que ya los buitres rapaces están consultando abogados expertos para examinar la letra pequeña de los contratos argentinos con la esperanza de encontrar un vehículo para respaldar sus estrategias de litigio. Si bien puede no resultar admisible que tales interpretaciones puedan obligar a la Argentina a esos insólitos desembolsos, alegando la ilegalidad de lo estipulado, Caputo se encargó de que el país renunciara a cualquier planteo al respecto, ya que en los bonos quedó establecido que en caso de que alguna disposición u obligación del contrato de emisión resultara inválida, ilegal o inexigible en cualquier jurisdicción, ello no afectaría en forma alguna la validez, legalidad y exigibilidad de las restantes disposiciones y obligaciones, ni de la disposición u obligación en cuestión en cualquier otra jurisdicción.

También se renunció a la aplicación del artículo 765 del Código Civil y Comercial, que permitía eventualmente el pago en moneda local, además de las renuncias habituales, que forman parte ya de las condiciones que imponen los acreedores.

Pero además de hipotecar a la Nación con gravámenes como el comentado, las emisiones de bonos y la especulación con letras del Banco Central, tuvieron como protagonistas a Caputo, y a funcionarios del gobierno macrista como el ex vicejefe de gabinete Mario Quintana, el ex Secretario de Finanzas, Santiago Bausili, y uno de los funcionarios del Ministerio de Hacienda, Marcelo Griffi.

Tal como surge de la prolija investigación llevada a cabo por el titular de la Fiscalía Federal N° 6, Dr. Federico Delgado, y a operaciones registradas por la Comisión Nacional de Valores, Mario Quintana declaro tener un título por 2.434.500 pesos, con un interés del 7.625%, emitido el 22/4/2016. Esa emisión formó parte de las negociaciones para el pago de la deuda en default. También adquirió los siguientes títulos de deuda: BONAR 2014, con vencimiento el 7- 5-2024 por 5.367.600 pesos y otro de la misma emisión por 3.865.960 pesos. Un bono BONAR 2020 por USD 384.000 y BONAR 2033 por USD 140.000 Santiago Bausili el 9 de mayo de 2016, compró BONAR con vencimiento 22-4-2026 por USD 340.000. Ese bono formó parte de las negociaciones y pago de la deuda a los buitres. En diciembre de 2016 adquirió LETE 105  por USD 264.135 con vencimiento en abril del 2017, en marzo de ese año BONAR 24 por 9.979.902. pesos y en julio de 2016 LEBAC con vencimiento 29-3-2017 por 187.340 pesos. Además obtuvo LEBACS  con vto. 16-5-2018 por 345.000 pesos con vto. el 15-8-2018 por 5.900.000 pesos, con vto. 19/9/2018, por 1.625.000 pesos; vto. 15/8/2018 por 1.300.000 pesos, y con vto. 19/9/2018 por 550.000 pesos. También bonos del tesoro vto. 21/6/2020 por 290.000 pesos, Bonos c/descuento vto. 2033 por USD 566.775 y Bono Nación Argentina por 329.100 vto. 2022.
En lo que hace al ex ministro Caputo, el fondo Noctua al que estaba vinculado, compró 5.000.000 de dólares del bono a 100 año, y Adquirió LEBACS por 8.500.000 de pesos, que no fueron renovadas con un dólar a 19 pesos  subiendo la cotización a 28 pesos a los pocos días.
No es posible desconocer que tanto Caputo, como Bausili, fueron elementos fundamentales en la negociación con los fondos buitres, en la emisión de bonos externos y letras del Tesoro, a efectos de solucionar el problema que afectaba al sector externo, ante la falta de pago a los holdouts. Tampoco fue ajena a tales negociaciones la intervención de Mario Quintana, por el cargo que desempeñaba en la Jefatura de Gabinete de Ministros, donde se coordinó todo lo relacionado con las negociaciones con los denominados holdouts.

Resulta importante puntualizar que tanto en la ley de pago a los fondos buitres sancionada por el Congreso en el 2016, como en el megacanje de letras del Banco Central por 5000 millones de dólares de febrero del 2016, resultaron elegidos entre otros el Deutsche Bank, y el JP Morgan Chase, bancos que fueron elegidos en forma directa por las autoridades económicas, y que les generaron importantes ganancias no solo en concepto de comisiones,  como en el posterior canje de títulos. Precisamente en esos bancos ocuparon funciones Caputo y Bausili, llegando Caputo a la presidencia del Deutsche Bank, y Bausili a tener funciones hasta el 2016, y seguir recibiendo beneficios económicos del banco hasta el 2017, como es de público y notorio.

La investigación del Fiscal Delgado, lo llevó a pedir la declaración indagatoria de los ex funcionarios que he mencionado en el año 2018, sin que hasta el día de hoy la justicia haya decidido citarlos, lo que resulta una evidencia más, que la justicia procede muy selectivamente, y en ningún caso actúa con personas que tienen  estrecha vinculación con grupos financieros, que han sido parte del de la gran estafa que ha significado la deuda, que sigue pesando como un enorme gravamen sobre la economía del país, y que en este momento el gobierno está afrontando con las dificultades que han trascendido respecto de la negativa de algunos acreedores a negociar, ya que la propuesta que se les ha hecho, supone que tendrán que reducir sus ingentes ganancias.

Pero más allá de los acuerdos a los que se llegue, no es posible que los funcionarios que intervinieron en todos los procesos de endeudamiento, sigan indemnes de las responsabilidades que les competen, no solo por el manejo irresponsable de la economía, sino por haber convertido al Banco Central de la Argentina, en un bastión de aventureros y especuladores, que dejaran a la institución monetaria, en una situación que no tiene antecedentes en nuestra historia.