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“La deuda eterna” contraataca

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Por IELA em 17 de agosto de 2017

“La deuda eterna” contraataca

 

 “Tenemos que reconocer que, en el arreglo de la deuda externa del Ecuador, ha prevalecido en su origen la corrupción y la ignorancia; y posteriormente, la corrupción y la codicia desenfrenada! Floreanos de escuela de pura sangre, vienen a ser los principales protagonistas de ese siniestro y monstruoso peculado. Con mucho fundamento decía, pues, el connotado escritor don Pedro Moncayo: ‘De todos los males que causó Flores al país, ninguno ha sido tan inicuo de tan fatales consecuencias como esa escuela de vicios y depravación que dejó establecida. ¡Esa escuela dura todavía!'”  Eloy Alfaro, La deuda Gordiana, 1896
Texto de Alberto Acosta (1) e John Cajas Guijarro  (2) Al inicio del gobierno de Rafael Correa se tomaron acciones que auguraban un cambio profundo en el manejo del endeudamiento público ecuatoriano. Parecía que la deuda externa dejaría de ser eterna… Se tomaron precauciones para evitar su retorno como el límite al endeudamiento público de 40% del PIB, modificable solo con aprobación de la Asamblea Nacional. Hasta existían muestras de que se había aprendido de las dolorosas y traumáticas experiencias acumuladas[3], o al menos eso parecía…
Entre los intentos de cambio podemos mencionar la creación de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público (propuesta formulada e impulsada por la sociedad civil mucho antes del inicio del gobierno de Correa). En 2008 la comisión presentó un informe con varios argumentos que cuestionaban la legalidad y legitimidad de múltiples tramos de la deuda externa. Con dicha información, a fines de ese año se suspendió el pago de intereses de los bonos Global 2012 y 2030 (no así de los Bonos Global 2015).
Luego se recompró 91% de esos bonos a 35% del valor nominal, ahorrando unos 2 mil millones de dólares al país. Sin embargo el proceso quedó trunco respecto al cumplimiento de la totalidad de las conclusiones de la Comisión, además de que generó algunas sombras.
Sin embargo, los efectos de tales acciones fueron inmediatos: entre diciembre de 2007 y diciembre de 2009 el saldo de la deuda externa pública disminuyó de 10.633 a 7.393 millones de dólares. Además, el país se benefició de una importante reducción del servicio de la deuda, llegando a un mínimo de 953 millones de dólares anuales, cuando en 2007 el servicio fue de 1.800 millones. Aparte de esos efectos internos, de haber existido la voluntad política y una estrategia clara, a partir de la auditoria al endeudamiento público externo se habría podido generar hasta procesos de impugnación fuera del país, tal como lo ha demostrado uno de los más destacados miembros de la Comisión de la Auditoria: el argentino Alejandro Olmos. Quién sabe si incluso se hubiera podido impulsar una solución con trascendencia mundial, que fue mencionada por el presidente Correa cuando inauguró su gestión el 15 de enero del 2007.
Si bien esa posibilidad desperdiciada queda para una reflexión futura, lo que sí se puede afirmar es que Correa impulsó la auditoria y la recompra de una parte de los Bonos Global por razones más cortoplacistas (p.ej. necesidades fiscales y demandas electorales). Su decisión careció de una visión histórica de largo plazo. En síntesis, Correa no estuvo a la altura del reto histórico planteado. Por ejemplo, quedó en nada el planteamiento de juicio a los negociadores ecuatorianos de la deuda externa planteado ante la Fiscalía en 2009, como resultado de las investigaciones de la Comisión. Inclusive Correa ayudó a echar tierra sobre los procesos anteriores.[4]
Además, si la auditoría y las reducciones de deuda se hubieran combinado con políticas de transformación estructural auténtica, junto con un déficit manejable e incluso con un plan para ampliar la política monetaria a fin de estabilizar los ciclos económicos, quizá el Ecuador de la década correísta hasta hubiera alcanzado mejores resultados macroeconómicos. Sin embargo sucedió lo contrario: el déficit aumentó con fuerza, llegando incluso a -7,5% del PIB en 2016. Ese déficit no se tradujo en transformaciones estructurales sino en un total desperdicio de recursos encubiertos dentro del gasto público. Así el país se volvió cada vez más dependiente de una deuda externa creciente (dependencia exacerbada por la imposibilidad de emitir moneda propia).
En consecuencia, como veremos a continuación, es irónica la afirmación que hizo el expresidente Correa de que “a pesar de la tormenta perfecta […] el Ecuador nunca cayó en crisis y el pueblo no fue castigado”. Cuando incluso llegó a afirmar que “dejaré un país recuperado, que ha superado la recesión y con una economía en constante crecimiento. Sin duda la Década Ganada, Ecuador ya cambió y el pasado no volverá”. No somos idiotas y bien sabemos que Correa no dejó la “mesa servida”, como afirmó al viajar a Bélgica luego de concluir sus funciones.
 NOTA: el artículo completo se encuentra anexo en PDF. 
[1] Economista ecuatoriano. Ex-ministro de Energía y Minas. Ex-presidente de la Asamblea Constituyente. Ex-candidato a la Presidencia de la República del Ecuador.[2] Economista ecuatoriano. Profesor de la Escuela Politécnica Nacional y de la Universidad Central del Ecuador.[3] Para recordar tales experiencias basta consultar el libro de Alberto Acosta; La deuda eterna – Una historia de la deuda externa ecuatoriana, LIBRESA, Quito, 1994, cuarta edición.[4] Recuérdese que el 4 de julio de 2008, la Asamblea Constituyente en Montecristi, por pedido expreso del presidente Correa -cuando Alberto Acosta ya no era presidente de dicha Asamblea- otorgó la amnistía a Gustavo Noboa Bejarano y a los miembros de la comisión negociadora externa responsable de una de las peores negociaciones en la historia de “la deuda eterna”: los Bonos Global, que fue un “un atraco maravilloso”. Tal decisión se tomó incluso en contra de la Comisión de Auditoría, que afirmó que esta amnistía “vulnera el estado de derecho y crea privilegios inadmisibles que no pueden ser admitidos por la ciudadanía, y crea un precedente extremadamente peligroso” (…)”la concesión de la referida amnistía, significará la automática desaparición de los delitos e ilegalidades que hemos verificado, beneficiando a todos los funcionarios que intervinieron en la renegociación de la deuda externa, y a todos aquellos bancos extranjeros que participaron en la misma, ya que la amnistía borra el delito por si, y, en consecuencia, todos sus intervinientes pasan a no tener la menor responsabilidad penal ni civil”.
 

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