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Del secretismo al patrullaje cibernético del actual gobierno

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Por IELA em 13 de abril de 2020

Del secretismo al patrullaje cibernético del actual gobierno

Es conocido, que en gran parte de los países que constituyen la comunidad de naciones, existen normas que permiten que cada cierto tiempo, los documentos secretos o reservados, sean desclasificados y puestos en conocimientos aquellos interesados en consultarlos, para trabajos de investigación, o simplemente para conocer hechos y circunstancias que ocurrieran en otros momentos de la historia.
En la Argentina nada de eso ocurre, ni ha ocurrido nunca, con la excepción de algunos decretos o leyes secretas ( muy pocas) que se dieron a conocer en los últimos años. A la depredación de algunos archivos se sumó aquellos que fueron expurgados de toda documentación comprometedora como pasó con el archivo del Ex Presidente Agustín P. Justo, o el del Vicepresidente Julio Roca, y la decisión oficial de que importantes decisiones del estado se mantuvieran invariablemente secretas, resultando impenetrable el acceso a los archivos oficiales. La accesibilidad de los documentos allí existentes constituyó siempre un problema para los investigadores y estudiosos, que vieron la dificultad permanente de acceder a tales repositorios, cuando trabajaron sobre temas que podían resultar conflictivos. Si bien existen normas que regulan la publicidad de los actos de gobierno, hay convenciones no escritas, que determinan que resulte vedado a la consulta de investigadores y estudiosos documentación de importancia que resulta necesaria a los efectos de aclarar distintas circunstancias y hechos históricos que por determinadas razones sus protagonistas quisieron ocultar.
Aunque el carácter secreto de ciertas leyes y decretos comienza en el año 1930, desde antiguo, se consideró que todos aquellos papeles que mostraran negociaciones conflictivas con otros países, referidas a problemas de límites y especialmente a conflictos armados, debían quedar secretos, aunque no existiera una clasificación específica sobre tal carácter. Quizá el paradigma del secreto lo constituyó el Tratado de la Triple Alianza, documento que fue dado a publicidad por Gran Bretaña un año después de su firma, lo que motivó que el célebre escritor Carlos Guido Spano escribiera “El Tratado es secreto, la sesión es secreta, solo la vergüenza es pública”.
Se habló de clausulas secretas nunca conocidas del Tratado de Londres, suscripto en 1932, entre el Vicepresidente Julio Roca, y Sir Walter Runciman, las negociaciones secretas que dieron lugar a la creación del Banco Central en 1935, y las presiones ejercidas por la Cancillería argentina, sobre el Paraguay y Bolivia para resolver el conflicto del Chaco. También hubo negociaciones secretas y desconocidas sobre como obtener el Premio Nobel de la Paz para el canciller Saavedra Lamas entre 1934 y 1936, y fraudulentas negociaciones de la deuda externa, que se hicieron durante décadas, cuyos documentos, resultan aún hoy de muy difícil acceso, cuando no de imposible consulta.
El secretismo ha sido una conducta invariable en los negocios del Estado, contrariando el sentido de transparencia que deben tener los actos de gobierno, especialmente cuando se utilizan fondos públicos.
Al secretismo se suma el espionaje, que no es el que se pueda hacer sobre otros países, sino el espionaje interno, el que se ejerce sobre funcionarios, legisladores, el poder judicial, y sobre las personas; especialmente aquellas que ejercen la crítica pública, las que cuestionan decisiones gubernamentales.
Ningún gobierno desde hace décadas, ha escapado a esa obsesión de vigilar, controlar, entrometerse en la vida de los ciudadanos, para tener un registro de lo que hacen, dicen o con quien se relacionan. Antes de que existiera la Secretaría de Inteligencia, la Policía Federal era la encargada de estos deplorables menesteres, y tiempo atrás, encontré en el archivo de Carlos Saavedra Lamas, canciller de 1932 al 38, un documento de la división Orden Político de la Policía, donde le informaban al ministro del minucioso seguimiento que se hacía a sus colaboradores en el ministerio. También se interceptaron en ese momento las comunicaciones telefónicas de varias embajadas, cuando la guerra del Chaco, y así podría dar una larga lista de esta manía de controlarlo todo.
Con la creación de la Secretaría de Informaciones del Estado, a la que después se le cambió el nombre y a través de recursos más sofisticados, se ejerció un control más estricto para que cualquier gobierno espiara a sus opositores, y aún a sus propios funcionarios, utilizando fondos públicos de manera discrecional, aunque era imposible conocer su destino ya que siempre fueron “Secretos”. Cuando se reglamentó la ley de inteligencia en julio del 2015, se habilitó el acceso público a la información sobre el uso de los fondos de la AFI, con excepción de los recursos destinados a tareas específicas de inteligencia. Estos últimos gastos mantuvieron su carácter reservado, pero, de todas formas, debían quedar registrados y con su documentación respaldatoria. Macri volvió todo para atrás, y fondos por más de 1450. Millones de pesos volvieron al más impenetrable de los secretos.
Ayer la Ministra de Seguridad Sabina Frederic, transparentó esa vieja costumbre de espiar llamándola “ciberpatrullaje”, sofisticada palabra que se me había escapado de las que habitualmente manejo. Ante algunos cuestionamientos que se le hicieron, salió como era de esperar a justificarse “ Es una investigación, un rastrillaje sobre lo que es público. Se miran las redes, se cruzan palabras, hashtags, es lo que hace muchas veces el periodismo para buscar tendencias, solo que está pensado con el objetivo de evitar delitos”. Creo que la ministra ofende la inteligencia, abusa de su poder, cree que somos una sarta de idiotas, que no sabemos lo que son esas tareas de inteligencia que vienen de lejos. Ahora se justifica por la pandemia, luego por los delitos, y después por cualquier cosa, total quien se enterará de que es espiado, sino a través de alguna filtración ocasional?
También agregó: “”Es una herramienta importante entre muchas otras para llevar seguridad a la gente”, quien además dejó en claro que desde el ministerio están en contra “de cualquier tarea de ciberespionaje” porque “jamás autorizaría una cosa como esta”. De todos modos, dijo que pondrá en análisis la metodología para someterla a consideración de los diputados o de especialistas para transparentar su uso”. Muy interesante, primero actúa y después la va a someter a los diputados para la transparencia. La pregunta clave es: Sabe las ministra que no tiene facultades para hacer lo que hizo. Sabe que esas acciones de rastrillaje o patrullaje son inconstitucionales? Supongo que lo sabe porque el art. 22 de la Ley de Ministerios habla que le compete asistir al Presidente en la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías en un marco de plena vigencia de las instituciones del sistema democrático”
Como siempre los funcionarios hacen lo que quieren, transgreden limites, se equivocan, son negligentes, y cuando lo que hacen se pone en evidencia, comienzan las explicaciones, las contradicciones, el tratar de justificar lo que es injustificable. Quien puede creer que lo manifestado por la ministra sea verdad y solo se cruzan palabras o hashtags como hace el periodismo. Hay que ser un redomado imbécil, o un ingenuo de marca mayor para creerlo, cuando los antecedentes, no solo de la historia reciente, sino otros más antiguos, muestran la inveterada decisión de ejercer el espionaje interno. Cree acaso la ministra que el periodismo cuenta con las redes de espionaje y los recursos con los que cuenta el Estado para buscar tendencias?
Podría creerle a la ministra, si no conociera nuestra historia, sino investigara como lo hago desde hace décadas en archivos públicos y privados, si no fuera objeto de escuchas desde que colaboré con el gobierno ecuatoriano, hasta las denuncias que hice contra funcionarios públicos desde el año 2004 en adelante. Si ignorara que a mi propio padre le pasó lo mismo por sus denuncias contra los defraudadores del patrimonio público.
El peligro de estos “estados de excepción” como los llamara Agamben, estriba en justificar ahora, debido a la pandemia, el control o vigilancia sobre ciertas personas de alguna actuación pública que fue habitual durante mucho tiempo. No es necesario “auscultar el humor social” como dijo la ministra, a través de mecanismos poco republicanos de larga data, ya que existen otros medios más transparentes y menos cuestionables para hacerlo. En situaciones de crisis como las que vivimos, es necesario recurrir a medidas excepcionales, pero ello no habilita a ningún funcionario al rastrillaje de lo que opine cualquier persona en cualquier medio, de su actividad en las redes sociales, o con quien pueda relacionarse. Esto nada tiene que ver con evitar el delito, y si con ejercer la vigilancia y el control sobre lo que haga cualquier persona.
 

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