Camponeses nicaraguenses vencem transnacionais

Movimiento para la Salud de los Pueblos Latinoaméricanos
Un fallo de un tribunal estadounidense favorable a seis ex trabajadores de plantaciones bananeras de firmas transnacionales en Nicaragua reactivó esperanzas de justicia para miles de campesinos con demandas similares aún pendientes de resolución. La jueza Victoria Chaney, de la Corte Central de la sudoccidental de Los Ángeles, Estados Unidos, dictaminó que las empresas de ese país, Dole Food Compañía, primera comercializadora mundial de frutas, y Dow Chemical Company, gigante industria de químicos, deberán pagar 2,5 millones de dólares por daños punitivos y ejemplares a seis de sus ex empleados de Chinandega.
Ambas compañías están imputadas de ocultar información en la fabricación, venta y aplicación del químico Dibromo Cloro Propano (DBCP), conocido comercialmente como Nemagón y Fumazone y aplicado en los años 60, 70 y comienzos de los 80 en las plantaciones de banano en los municipios de León y Chinandega, en la costa occidental de Nicaragua. Miles de campesinos acusan a las compañías de causarles múltiples daños en la salud al exponerles sin protección, y ocultando información sobre los posibles efectos nocivos, durante la aplicación de los pesticidas.
El Nemagón fue prohibido para su aplicación y producción en Estados Unidos en 1977, cuando se descubrió que causaba esterilidad y era un posible agente cancerígeno. No obstante, se siguió utilizando en Nicaragua y en otros países latinoamericanos y africanos. Antonio Hernández Ordeñana, abogado nicaragüense y socio del estudio que logró la sentencia en Estados Unidos, explicó a IPS que la jueza Chaney ratificó y amplió en su fallo del jueves la sentencia dictada el 5 de este mes, cuando dispuso la indemnización de 3,3 millones de dólares por daños físicos y morales a favor de seis de los 12 trabajadores que demandaron a Dole y Dow.
Los otros seis demandantes no fueron encontrados como perjudicados por el accionar de la compañía y quedaron fuera del juicio. “Inicialmente la jueza dictó sentencia y estableció un monto de 3,3 millones de dólares, pero como se demostró que las empresas ocultaron información respecto del producto nocivo se amplió la indemnización a 2,5 millones más por daños punitivos y ejemplares hacia las firmas”, explicó Hernández, parte del bufete Juan José Domínguez y Asociados en Los Ángeles.
El caso, conocido como el Caso Téllez versus Dole y Dow, por llevar el apellido paterno del primer demandante, es el primero en llegar a juicio en Estados Unidos. Otras 9.000 personas más, patrocinadas por otros estudios de abogados, reclaman a las empresas en Estados Unidos y en Nicaragua por montos que superan los 17.000 millones de dólares. Además del caso Téllez, esta firma de abogados espera que pronto entre a juicio otra demanda radicada desde hace un año en Los Ángeles, donde se incluye a 60 campesinos presuntamente afectados por el pesticida.
Janeth Argüello, del bufete jurídico Ojeda, Gutiérrez y Espinoza, que representa a 4.200 afectados por el pesticida, también espera que para el próximo año esté en proceso el caso Franco, que incluye a 350 campesinos y el cual se ventila también en un tribunal estadounidense por un reclamo de indemnización de 489 millones de dólares. La noticia esta semana de la ratificación y ampliación de la sentencia, causó reacciones diferentes entre el campesinado vinculado al caso: alegría, fiestas y esperanzas para unos 6.000 ex trabajadores que se encuentran en la lista de espera co demandantes y, por otro lado, causó frustración entre unos 4.000 que renunciaron ir a la justicia para negociar directamente con las compañías.
En el departamento de Chinandega, donde vive la mayoría de los campesinos afectados, se han organizado fiestas, misas de acción de gracia y bailes callejeros con quema de pólvora por la sentencia, mientras en el plantón de Managua, donde protestan desde hace meses unos 3.000 campesinos, hay llantos y quejas. “Miles salieron a bailar y a celebrar la victoria, porque este juicio revive las esperanzas de muchos afectados por el Nemagón que esperan justicia”, señaló a IPS Barnard Zavala, representante de un grupo de ex trabajadores bananeros que participa en los juicios.
Juan Alberto García, quien prefirió negociar por fuera de los tribunales junto a otros 4.000 ex trabajadores, se quejó amargamente que mientras otros avanzan hacia una solución justa “nosotros estamos empantanados esperando que se haga la voluntad de las compañías”. A unos pasos de él, profundamente deprimida, una señora que se identifica únicamente como “Juana del Carmen”, se lamenta de su suerte: “nunca debí separarme de los doctores, mientras otros van ganando nosotros nos morimos de hambre aquí tirados”, dijo a IPS.
García y la señora son parte de los ex trabajadores que desde mayo pasado protestan silenciosamente en el parque Pedro Joaquín Chamorro, en Managua, a la espera que las autoridades les garanticen salud y que los representantes de Dole les llamen para negociar. Victorino Espinales, dirigente campesino que llevó a los ex trabajadores a prescindir de los juicios para negociar con las compañías, comentó a IPS que ellos confían más en las transnacionales que “en las mafias organizadas” de abogados que llevan los casos en Estados Unidos.
Espinales acusa a los abogados de engañar a los ex trabajadores, para arrebatarles hasta 80 por ciento de las indemnizaciones en concepto de honorarios. “Hemos firmado acuerdos de buenas intenciones con Dole y creemos que es mejor negociar por nosotros mismos, que dejar nuestras vidas en manos de abogados mafiosos”, expresó a IPS el dirigente sindical. No obstante su confianza en las compañías, a raíz de la sentencia en Estados Unidos, Dole emitió un comunicado internacional donde rechazó la legalidad de las demandas y su responsabilidad en daños sanitarios causados a los campesinos que trabajaron en zonas rociadas con DBCP o que bebieron aguas contaminadas por ese veneno.
“Los seis veredictos en contra de Dole son completamente erróneos y son el resultado de ciencia barata, apelación a emociones burdas y falso testimonio. Estos seis hombres no fueron afectados por DBCP ni por Dole, y es injusto que sean compensados con dinero de parte nuestra”, dice parte del comunicado. En Managua, el portavoz de Dole, Humberto Hurtado, repitió en la víspera en declaraciones a la televisión local que la compañía no se responsabilizará por ningún demandante, pues “no hay evidencias de que esas personas fueron afectadas por el DBCP”. Por lo tanto, dijo, la compañía apelará esta y cualquier otra sentencia que se emita en los tribunales de Nicaragua, Estados Unidos o en cualquier parte del mundo.
Los abogados y dirigentes sindicales de los ex trabajadores calculan que unos 2.000 jornaleros han muerto de cáncer y otros males achacados al veneno Nemagón. Otros millares, incluyendo niños y ancianos, padecen graves enfermedades como tumores, deformaciones óseas, afectaciones renales y cardíacas, esterilidad y lesiones en la piel.